Contempla a todas las instituciones acreditadas, una tasa de interés del 2% real anual y un esquema de pago de hasta 15 años.

En una ceremonia en la sede Pérez Rosales de INACAP, en Ñuñoa, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que crea el Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) para la Educación Superior.
 
El ministro de Educación, Gerardo Varela, destacó que la iniciativa “viene a culminar lo que debe ser un buen sistema de financiamiento, que es un sistema de financiamiento que es justo, que es solidario, que premia el buen comportamiento y que está asociado a los buenos resultados que tengan los egresados después de que terminen sus carreras”.
 
La máxima autoridad del Mineduc planteó que “había una legítima aspiración de sacar a los bancos del sistema de financiamiento, lo estamos llevando al Estado, que será el que lleve adelante este proceso íntegramente”.
 
El secretario de Estado añadió que “confiamos que vamos a tener un apoyo transversal a este proceso en el Congreso porque es un proyecto de ley generoso y que efectivamente satisface un viejo anhelo de toda nuestra clase media y es que se pueda transitar por la universidad sin la mochila de un crédito pesado, que se empieza a pagar una vez que se terminan los estudios”.
 
Nuevas reglas
El Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y será administrado por una institución estatal, sacando a la banca del sistema
 
El SIFS estará disponible para todos los estudiantes que pertenezcan a los nueve primeros deciles de ingresos y accedan a instituciones de Educación Superior acreditadas. Para quienes ingresan a universidades, deben tener al menos 475 puntos promedio en la PSU. Quienes opten por CFT o IP, deberán tener un promedio NEM superior a 5,3 o pertenecer al 50% superior de su promoción o ranking.
 
El sistema financiará el arancel regulado más un porcentaje de la brecha entre arancel regulado y arancel real (éste dependerá de la vulnerabilidad del estudiante y del nivel de acreditación de la institución), con un tope de 1,5 veces el arancel regulado, y tendrá una tasa de interés de 2% real anual.
 
Las instituciones de Educación Superior deberán garantizar que los alumnos que obtengan el crédito estatal y que pertenezcan a los seis primeros deciles de ingresos no paguen mientras estudian. Para ello, deberán cubrir aquella parte del arancel real que no cubre el crédito estatal y las becas de arancel estatales con becas y/o créditos propios.
 
El esquema de pago del SIFS contempla hasta 180 cuotas (15 años). Una vez pagadas, la deuda se extinguirá sea cual sea el remanente. En el caso de las cuotas que los jóvenes soliciten suspender por cesantía o por tener ingresos inferiores al salario mínimo se considerarán pagadas.
 
Los actuales deudores del CAE deberán expresar su voluntad si quieren traspasarse al nuevo sistema. En ese caso, la institución estatal pagará al banco y generará un nuevo crédito para el beneficiado, con las nuevas características.
 
En régimen, anualmente, los potenciales beneficiados del SFS serían 319.132.
 
Actual escenario
Hoy existen dos sistemas de créditos subsidiados por el Estado para financiar estudios superiores: el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
 
El FSCU es exclusivo para las universidades del CRUCH y desde sus orígenes ha tenido condiciones favorables para sus beneficiarios, tales como una tasa baja, contingencia al ingreso y un monto máximo de años de pago, luego del cual, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, la deuda se extingue. Sólo el 27% de los estudiantes de pregrado tiene la posibilidad de acceder al FSCU.
 
Para el resto, la única alternativa es el CAE, disponible para todos los estudiantes de instituciones acreditadas. Sin embargo, en su origen presentaba condiciones bastante peores al compararlo con el FSCU, teniendo una tasa de interés mayor, ningún tipo de contingencia al ingreso y sin plazo de extinción de la deuda.
 
Durante el primer Gobierno del Presidente Piñera, el Congreso aprobó la Ley 20.634 que permitió una rebaja de la tasa de interés del CAE. Así desde 2013, la tasa de es del 2% anual, subsidiada por el Estado y aplica tanto para quienes firmaron sus créditos desde ese año, como de forma retroactiva para quienes están pagando el crédito y lo habían firmado años anteriores.
 
Por otro lado, el CAE estableció que los bancos pueden vender parte de la cartera de créditos al Estado. Según datos de la Dipres, en los últimos años el Fisco ha comprado el 45% de la cartera anual de deudores.
 
De acuerdo con los datos de Comisión Ingresa, del total de jóvenes que han estudiado con el CAE, 397.700 aún están en etapa de estudio, mientras que 86.377 están dentro del periodo de gracia antes de que se inicie el cobro. En tanto, 390.220 están en etapa de pago. De este último grupo, el 77% son egresados de sus carreras y 23% son desertores.
 
El costo fiscal del CAE fue de $549.629 millones, mientras que el del FSCU alcanzó los $96.841 millones, según el Presupuesto 2017.